35 catedráticos lanzan un ataque sin precedentes contra Hacienda

El documento no tiene desperdicio. De hecho, es el ataque más demoledor contra el funcionamiento de la Hacienda pública que se recuerda. Lo firman 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario reunidos este viernes en Granada para aprobar un manifiesto en el que se dice, entre otras cosas, que la Administración tributaria “no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos”.

Es más, según la llamada ‘Declaración de Granada’, en España no solo no se garantiza la presunción de inocencia a efectos fiscales sino que, además, es el propio Estado el que favorece la desigualdad tributaria porque se incumple el mandato constitucional que obliga a contribuir en función de la capacidad económica de los contribuyentes.

Estos son los puntos más significativos de la ‘Declaración de Granada’:

  • Presunción de culpabilidad. Los catedráticos firmantes consideran que frente al principio constitucional que garantiza la presunción de inocencia, “parece haberse dado cálida acogida en las dependencias administrativas a la presunción de culpabilidad”.
  • ¿Principio de igualdad? El documento considera que la quiebra del principio de igualdad no se produce solo cuando el llamado a contribuir desoye tan elemental mandamiento, sino que se produce también cuando es el propio Estado “quien propicia la desigualdad en la contribución de los ciudadanos al sostenimiento del gasto público”.
  • Equidad fiscal. En este punto, los catedráticos estiman que tampoco se respeta el principio de igualdad, entendido como la necesidad de que “todos” los españoles deban tributar, al menos de modo similar, cualquiera que fuere el territorio donde residan. Y, en particular, se llama la atención sobre el tratamiento desigual conferido a todos los ciudadanos españoles atendiendo al origen de sus rentas. Es decir, “existen discriminaciones en la imposición directa por razón de la residencia dentro del territorio de nuestro país”. Estas diferencias, sostienen, son muy importantes, “hasta el punto de que podría hablarse de la existencia de una cierta cantonalización tributaria en España”. El resultado es que se ha producido una “ruptura de la unidad de la Hacienda Pública”, por lo que se reclama al Estado “que ejerza de forma activa su competencia exclusiva de armonización y regulación de la Hacienda General”.
  • Seguridad jurídica. En opinión de los firmantes, se está produciendo un preocupante deterioro del principio de seguridad jurídica, “fruto en muy buena parte del abandono de los conceptos dogmáticos sobre los que se asentó el nacimiento de nuestro Derecho Tributario, y su sustitución por otros cuyos perfiles dista de tener la precisión suficiente como para hacerlos compatibles con un mínimo de seguridad jurídica”. Se refieren, en este caso, al derecho anglosajón, donde la interpretación de la norma es más flexible por parte de los jueces.
  • Gasto e ingresos públicos. La ‘Declaración de Granada’ arremete contra los pactos con los nacionalismos. Y asegura, sin citarlos, que la aceptación del voto afirmativo “a cambio de determinadas concesiones a quien emite su parecer positivo, así como la asunción resignada de la prórroga presupuestaria como procedimiento ordinario del ordenamiento del gasto, constituyen fenómenos que, desgraciadamente, parecen formar parte de la normalidad”. Y lo que es más grave, se asegura, ha llevado a la idea “de que en la vida pública todo se compra y se vende: los votos, los ingresos a favor de determinado sector o territorio, y la reforma fiscal del sistema estatal o de determinados sistemas autonómicos”.

 

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