El Gobierno extiende tres años la devolución de créditos ICO para evitar la quiebra de empresas viables

Empresas y autónomos ganan tiempo para recomponer sus cuentas. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un decreto ley para evitar la quiebra de negocios rentables cuya supervivencia está en entredicho por la pandemia. Atendiendo a la demanda de organizaciones del sector, el Ejecutivo ampliará hasta el 30 de junio el plazo para solicitar avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá extender en tres años los vencimientos de los préstamos —hasta un máximo de ocho años—, y aquellos que lo deseen podrán ampliar de 12 a 24 meses el periodo de carencia en el pago del principal de los créditos, que para buena parte de las 550.000 empresas que los pidieron expiraba este mes de marzo. “Se trata de ayudar a aquellos proyectos que hasta la irrupción de la covid eran sostenibles y temporalmente pueden estar atravesando tensiones de liquidez”, ha defendido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El Ejecutivo ha lanzado hasta ahora dos grandes líneas de avales, una primera de 100.000 millones de euros en marzo, en los primeros compases de la crisis del coronavirus, y otra de 40.000 millones enfocada a la transformación digital y a la economía verde. La demanda ha sido alta. El importe total avalado asciende a 82.000 millones en 881.000 operaciones, el 98% de ellas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y autónomos.

La pandemia ha puesto de manifiesto que el tiempo es una variable fundamental para frenar la insolvencia. Con las noticias positivas sobre la vacuna y los datos de contagios “en la dirección correcta”, según la valoración este martes de la ministra portavoz, María Jesús Montero, ampliar los plazos insufla oxígeno a empresas que sin él estarían abocadas a la desaparición. El Gobierno busca salvar el máximo tejido productivo posible y esquivar un escenario de cierres en cadena a la espera de la deseada normalización de la situación sanitaria. Sin las redes de seguridad desplegadas por la Administración, como los ERTE o los propios avales del ICO, Moncloa calcula que se habrían perdido tres millones de empleos y la cuarta parte del PIB.

La manga ancha de Bruselas con las ayudas de Estado permitirá a España ampliar el plazo para entregar los créditos. Los bancos también estarán obligados a extender hasta en tres años los vencimientos de los clientes que así lo soliciten, siempre y cuando el deudor esté al corriente de los pagos y no haya entrado en concurso de acreedores. Y deberán hacerlo sin exigir la contratación de productos asociados ni elevar los intereses, salvo en aquellos casos en que se alargue hasta siete u ocho años, cuando sí pueden crecer. El impacto de las prórrogas puede ser sustancial: alguien que pagara 2.667 euros de cuota mensual pasaría a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 euros a partir de entonces si reclamase la extensión del crédito tres años y la ampliación de la carencia de un año.

El ICO contará con nuevos instrumentos para recuperar el dinero en caso de impago. A partir de ahora, tendrá acceso a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para recabar información de los clientes de bancos a los que ha avalado. El objetivo es saber si estos tienen posiciones en otras entidades que puedan utilizarse para recuperar la deuda contraída.

También ha decidido extender del 31 de diciembre al 14 de marzo la suspensión del deber de solicitar el concurso de acreedores y de la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso. El Banco de España preveía que el fin de la moratoria concursal supondría el repunte de los mismos, pero el Gobierno ha optado por alargarlo al menos otros dos meses y medio con el argumento de que no quiere que afecte a las empresas viables. Ignora así la posición del Banco de España. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, advirtió de que en muchos casos solo servirá para alargar la agonía de “empresas inviables con balances cada vez más deteriorados”, Calviño, en cambio, lo ve imprescindible para “evitar su efecto negativo en empresas con una situación patrimonial adecuada pero que pueden verse afectadas con carácter transitorio”.

Protección de empresas estratégicas

Con la valoración de la mayoría de grandes compañías españolas muy tocada por la pandemia, el Gobierno se ha equipado de capacidad de veto hasta el 30 de junio para proteger empresas estratégicas (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, almacenamientos de datos, aeroespacial, defensa, electoral, financiera e instalaciones sensibles). El Gobierno ya contaba con un escudo legal frente a las inversiones de países extracomunitarios, pero ahora también habrá de autorizarlas cuando el capital provenga de países socios de la Unión Europea. Deberá superar su filtro cuando se trate de compañías cotizadas, y en el caso de las no cotizadas si la operación supera los 500 millones de euros.

Los cambios también afectarán al mercado de valores. Hasta ahora, las empresas cuya valoración superaba los 500 millones de euros debían pasar a cotizar en el mercado continuo, con unos requisitos más estrictos. Ahora, podrán seguir haciéndolo en el Mercado Alternativo Bursátil hasta alcanzar los 1.000 millones, un modo de hacerlo más líquido y atractivo, según el Ejecutivo.

 

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