El Gobierno trabaja en un decreto ley que incluye una serie de medias de luchas contra fraude, entre las que se incluyen la limitación del pago en efectivo a los 1.000 euros en lugar de los 2.500 actuales. La intención del Ejecutivo es aprobar esta medida en el Consejo de Ministros del próximo viernes, aunque el Ministerio de Hacienda señala que este punto todavía no está cerrado y que podría retrasarse algo más en el tiempo, y con ella se pretende disuadir y frenar los fraudes que se comenten a través del IVA así como la economía sumergida.

 

La actuación también incluye el suministro inmediato de información del IVA, una medida que quedó pendiente en la legislatura pasada del PP y que estaba prevista que entrara en vigor el 1 de enero de 2017. De hecho, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, avanzó hace unos días que el Gobierno implantaría nuevas medidas para controlar las liquidaciones de este impuesto. El suministro inmediato de información del IVA es un nuevo sistema de gestión de este impuesto para empresas y profesionales, basado en información en tiempo real y que agiliza las devoluciones, proporciona al contribuyente los datos fiscales para su declaración y mejora el control tributario.

 

Se trata de una adecuación del trámite a las nuevas tecnologías que previsiblemente sólo será obligatorio para las grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual, un colectivo de alrededor de 62.000 contribuyentes, mientras que para el resto será voluntario. El colectivo obligado a acogerse al nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) representa el 80 % de la facturación total de los sujetos pasivos de IVA en España, tal como señaló el director general de la AEAT, Santiago Menéndez, cuando presentó este proyecto en la anterior legislatura del PP. Asimismo, mediante este decreto ley el Gobierno también pretende llevar a cabo un endurecimiento en los pagos aplazados.

 

Esta serie de actuaciones se encuadran dentro del plan de lucha contra el fraude anunciado por Montoro hace una semana y con el que, entre otras cosas, se pretende suavizar el ajuste para cumplir el déficit. Si se consigue mejorar la recaudación por impuestos, como en este caso lo es el IVA, también se limitará la necesidad de elevar la presión fiscal.

En este sentido, Menéndez aseguró a principios del presente mes de noviembre que Hacienda elevará 1.000 millones la recaudación en la lucha contra el fraude. Este esfuerzo adicional, aseguró el director de la Agencia Tributaria, ayudará a cumplir con el déficit pactado con Bruselas.

 

El último informe de lucha contra el fraude fiscal elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) indicaba que el 71,8% del total del fraude en España provenía de las grandes empresas y grandes fortunas, correspondiendo el resto a los autónomos y pymes. No parece, por tanto, que el mayor control sobre los pagos deba hacerse precisamente sobre los autónomos.

 

Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2016/11/30/583ecfd6e2704e31598b4578.html