Muchas de las empresas que actualmente se encuentran activas en nuestro país provienen de la generación de nuestros padres y probablemente heredaremos en un futuro. Es por esto, que muchos de vosotros os habéis planteado en alguna ocasión cuál es la mejor opción fiscal para heredar el negocio.

Pues bien, cuando nos encontramos en el caso de un negocio familiar, existe la posibilidad de aplicar una reducción fiscal del 95% del valor de ésta en el impuesto sobre sucesiones. Para que esta reducción se pueda aplicar, existen una serie de requisitos que deben cumplirse:

  1. Que los bienes integrantes de la sociedad les sea de aplicación la exención del artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre Patrimonio.
  2. Que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante (el plazo podría diferir de la normativa estatal al aplicarse la autonómica).
  3. Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección (Presidente, Director General, Gerente, Administrador, Directores de departamento, Consejeros y miembros del Consejo de Administración u órgano de administración equivalente) en la entidad percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. Este requisito, podría cumplirse también con otro familiar que no fuese el fallecido (cónyuge, hijo, o con relación de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad).

De estos tres requisitos, el tercero es el que normalmente crea controversias porque, a la hora de determinar si se cumple, se toma como referencia las rentas obtenidas entre el primer día del año y la fecha de fallecimiento (en el caso del fallecido). Este criterio se ve gravemente afectado en caso que la fecha del fallecimiento sea a principios de años, porque es probable que las rentas que haya percibido de la sociedad no sean el 50%, por haber transcurrido un periodo muy corto de tiempo desde el inicio del ejercicio. Para evitar tener este tipo de incidencia, lo ideal es asegurarse que tanto el fallecido, como otro familiar ejerzan las funciones antes descritas, y así se podrá evitar que les retiren el incentivo por no llegar al 50% de las rentas obtenidas.

Del mismo requisito se desprende otra controversia, y es en el caso de los Directivos que además ejercen funciones de trabajo para la empresa y de los cuales perciben también un salario. Para ello, el Tribunal Supremo tomó la decisión de que lo que realmente importa es el mantenimiento y supervivencia de la empresa familiar, independientemente de si ejercía más de administrador que de socio trabajador. Que en los casos en que ocurran los dos, se entenderá que cumple el requisito para la aplicación de la reducción.

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Artículo de Leticia Díaz