La Agencia Tributaria comprueba despidos que considera bajas pactadas que deben tributar. El Fisco pone el foco en sociedades de profesionales y titulares de bienes en el exterior.

La Agencia Tributaria tiene un plan anual de control con unas líneas generales, pero la pregunta que todo el mundo se hace persigue mucha más concreción y es ¿qué es lo que inspecciona o comprueba realmente en la actualidad?

Los despidos simulados o prejubilaciones encubiertas para evitar la tributación de las indemnizaciones es una de las prácticas a las que los actuarios del Fisco dedican en la actualidad parte de su tiempo, según explica el despacho Linkservices, que pertenece a la red ETL Global.

En general, la inspección cuestiona que se aplique la exención fiscal cuando considera que la extinción laboral se ha producido de mutuo acuerdo o mediante un pacto entre la empresa y el trabajador, aunque se le da apariencia de despido.

En resumen, una baja voluntaria que se ‘viste’ de despido, con lo que el beneficiario cobra más dinero (todo es neto porque no tributa) y además tiene derecho a percibir el desempleo o pasa a percibir la jubilación si tiene ya derecho a la misma. De lo contrario, el afectado no puede percibir el subsidio y además debe tributar.

Hasta la reforma fiscal del 2014 llevada a cabo por el Gobierno del PP, las indemnizaciones por despido estaban exentas de tributar. Desde la entrada en vigor de esta normativa, aquellas compensaciones por despido que se hayan realizado en virtud de lo señalado en el Estatuto de los Trabajadores están exentas de la tributación del IRPF, siempre y cuando no superen la cantidad de 180.000 euros y que no sean pactadas.

 INDICIOS

Asimismo, también estarán exentas de tributación aquellas indemnizaciones por despido, cuando este esté basado en causas objetivas, siempre que no se supere el máximo legal de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Cuando aprecia indicios de que ha habido pacto, Hacienda reclama a la empresa pagadora las retenciones que, a su juicio, deberían haberse aplicado en la compensación al trabajador, así como los intereses de demora y las sanciones correspondientes. Cuando esta ha alcanzado el periodo de prescripción (normalmente en enero del cuarto año), la inspección suele iniciar actuaciones para reclamar al exempleado porque la prescripción en el IRPF no se produce normalmente hasta el 30 de junio del año siguiente a los cuatro años, explica Joan Pons, socio del área fiscal de Linkservices.

Este despacho ha recopilado algunas prácticas que despiertan las sospechas del Fisco y que este utiliza para demostrar que un despido es en realidad una baja pactada. En muchos casos la edad del empleado está próxima a la jubilación, los importes de la indemnización son superiores o inferiores a los legalmente establecidos, se trata de cantidades “redondas”, se emplea un mismo patrón de carta de despido para distintos casos o el supuesto despedido recibe una placa o un regalo conmemorativo o de agradecimiento.

ESTRUCTURAS SOCIETARIAS

Otra de las áreas en la que Hacienda concentra esfuerzos afecta a los despachos de abogados, ingenieros y otros profesionales liberales, cuando estos utilizan sociedades para reducir su tributación. Desde el 2013, la Administración Tributaria tiene en su plan de control tributario anual “el control del uso abusivo de estructuras societarias para reducir la tributación de las retribuciones percibidas por la prestación de estos servicios”.

Las actuaciones inspectoras se centran en analizar las operaciones vinculadas entre socio y sociedad cuando, según la Agencia Tributaria, se trata de prestaciones de servicios de “carácter personalísimo” que realiza el socio a la sociedad. En general, Hacienda atribuye a la sociedad un margen mínimo, que suele ser del 5%; y el resto es considerado retribución del socio, según la experiencia de este despacho.

También se están comprobando e investigando rendimientos y ganancias patrimoniales derivados de bienes y derechos y de las consecuencias de no haber presentado en plazo la declaración sobre los activos que se poseen en otros países (modelo 720). La Comisión Europea ha apercibido a España por la desproporción de las sanciones que impone la Agencia Tributaria a los contribuyentes que no declaran esos bienes. Bruselas ha concedido además dos meses a España para que presente alegaciones sobre el régimen sancionador del modelo 720, bajo amenaza de demandarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

El Fisco remitió a quienes se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el PP en el 2012 (modelo 750) una comunicación en la que advertía de que se estaba haciendo un seguimiento de la correcta presentación de la declaración de bienes en el exterior. Como consecuencia de este tipo de actuaciones, han aumentado los contribuyentes del impuesto de patrimonio en comunidades que aún exigen el tributo, como es el caso de Cataluña.

Además de las personaciones en determinados sectores en los que se presume la existencia de economía sumergida, como se hizo en discotecas o el mercado central del pescado de Mercabarna; la Agencia Tributaria también ha realizado indagaciones para aflorar alquileres turísticos y de temporada que se realizan a través de plataformas de internet como Airbnb.

 

Fuente http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/que-esta-inspeccionando-hacienda-actualidad-5873032