El Juzgado de lo Social número 2 de Tarrasa ha puesto en entredicho la actuación de un abogado de oficio que pasó unas minutas de más de 9.200 euros a su cliente, una mujer beneficiaria de justicia gratuita. La letrada había llevado su caso, en el que reclamaba al Instituto Nacional de la Seguridad Social que le reconociera una incapacidad permanente absoluta. Finalmente logró que se le otorgara una prestación de 1.178 euros mensuales, siendo éstos sus únicos ingresos.

 

Artículo completo: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/02/legal/1506935660_436464.html