La inviolabilidad del domicilio, ¿un derecho descafeinado cuando interviene la Agencia Tributaria?

El artículo 18.2 de la Constitución establece que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

Entonces, ¿por qué nos preguntamos si es un derecho un tanto descafeinado?. Cada vez son más frecuentes las entradas de la Agencia Tributaria en las empresas sin notificar previamente el inicio de actuaciones inspectoras, en las que los inspectores enseñan al contribuyente el auto judicial que les autoriza no sólo a entrar sino también a llevarse cualquier documentación o soporte informático que pudiera tener transcendencia tributaria. Hasta aquí todo correcto, pues se dispone de la autorización judicial que permite restringir el derecho fundamental. Entonces, ¿dónde está el problema? En la manera que se obtiene esa autorización pues genera indefensión a los contribuyentes.

En muchos juzgados se considera suficiente que la Agencia Tributaria justifique que la empresa a “visitar” esté incluida en plan, lo que se califica como acto administrativo habilitante que excluye la vía de hecho, y que en la solicitud de autorización se describa, básicamente, que se trata de un sector de riesgo, que el contribuyente en cuestión presenta determinados ratios que están por debajo de la media del sector tanto nacional como de su autonomía, datos estadísticos extraídos por la Inspección de Tributos de sus propias bases de datos, que no es posible contrastarlos, y que se califican como indicios suficientes de una posible defraudación. Además, se solicita que la medida se conceda in audita parte, es decir, sin conceder audiencia al contribuyente por lo que no tiene la posibilidad de pronunciarse sobre la procedencia o no de la medida. De esta manera, con un informe “cocinado” internamente por la Inspección de Tributos, y sin justificar suficientemente el contenido del mismo, es frecuente que se autorice por el Juzgado, de una manera muy amplia, la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido. Y esa autorización da cobertura a la entrada de varios inspectores, de los informáticos y otro personal que considere necesario la propia inspección, sin que su número se limite en el auto judicial. También se les autoriza a que puedan hacer copia de todo lo que consideren que tiene trascendencia tributaria, lo que, de facto, supone que la medida sea ilimitada tanto respecto a los medios personales como al objeto de la misma.

Iniciábamos el presente comentario preguntándonos si se trata de un derecho descafeinado, y a nuestro juicio la respuesta debe ser sí, no en su concepción teórica sino en su aplicación práctica, lo que obligaría a un replanteamiento de la problemática que conciliara este derecho y las actuaciones de la Inspección de Tributos que, no olvidemos, trabaja para el bien común.

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