El próximo 12 de julio, el Parlament aprobará la renta garantizada de ciudadanía. Tal como preveía el calendario acordado con las entidades sociales el mes pasado de mayo, la tramitación de la ley se cerrará apenas al límite de las vacaciones. El objetivo es que el 15 de septiembre los beneficiarios potenciales puedan solicitar la ayuda de 664 euros. Llegar a este punto no ha resultado sencillo. Según informa ‘Nació Digital’, el pacto entre el Gobierno y los promotores de las Proposiciones de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) estuvo a punto de saltar por los aires las últimas semanas. Los impulsores del proyecto acusaron  el ejecutivo de «querer incumplir» dos de las medidas más importantes del acuerdo y amenazaron al hacer una huelga de hambre si la Generalitat no rectificaba. Sin embargo, la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, se lavó las manos y emplazó los grupos parlamentarios a resolver la situación. Hay que recordar que, anteriormente, el Ayuntamiento de Barcelona mostró su indignación hacia las posibles incompatibilidades que pueden afectar las ayudas que ofrecía el consistorio debido a la ayuda.

Todo y el incidente, la iniciativa no se dio por perdida. Los representantes llegaron a un acuerdo recuperar la redacción original para evitar que los promotores de la ILP se descolgaran. Los impulsores de la renta pidieron que los solicitantes que no obtuvieran una respuesta por parte de la organización antes de cuatro meses, tenían que ser considerados beneficiarios de la renta por culpa de un silencio administrativo. Por otro lado, también exigían la no-rebaja de 150 de la prestación que cobrarán los pensionistas que no llegan al indicador de renta de suficiencia (IRSC), situado en los 664 euros. El gobierno, ante esta demanda, dividió la ayuda en dos tramos. El primero con la escasa cantidad de 400 euros que lo podrán percibir aquellas personas que no puedan ingresar mensualmente la cantidad equivalente a la IRSC, es decir, un total de 569,12 euros. Y el segundo, sólo podrá ser recibido por aquellas personas que acrediten que se encuentran siguiendo un plan de inserción laboral.

Con casi todo el trabajo prácticamente resuelta, la ponencia de la ley está prevista de ser cerrada hoy martes, 20 de junio. Antes, pero, habrá que resolver una enmienda del PSC que pide más concreción en el despliegue de la norma. Tanto si se acuerda este último punto, tanto como si no, los grupos parlamentarios quieren concluir hoy la ponencia y enviar el documento redactado de ley a la comisión de Trabajo de la cámara. La idea de los agentes implicados en la negociación es que la aprobación llegue entre los días 12 y 13 de julio.

 

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