Francia debate un proyecto de ley que debe invitar a reflexionar sobre el modelo español.

La Asamblea francesa está debatiendo un proyecto de ley sobre “un Estado al servicio de una sociedad de confianza”. El mismo, según Gérald Darmanin, ministro de Acción y Cuentas Públicas, parte de dos pilares fundamentales. De un lado, la introducción de un derecho a cometer errores para todos, con el objetivo de transitar hacia una Administración de consejo y servicio. De otro, la simplificación, en profundidad, de los procedimientos, corrigiendo el celo regulador que, como cualquier exceso, es dañino, impulsando, a su vez, mecanismos de control de la actuación administrativa.

Resulta muy relevante que no se trata de un marco conceptual restringido a la materia tributaria, incorporándolo en un modelo general, redefinido, de actuación y servicio público. Resulta sobradamente conocido el debate y los problemas que la especialidad de lo tributario ha generado en España en las últimas décadas. También lo es que el objetivo subyacente es la identificación de los ciudadanos con el sistema tributario mediante el que contribuyen a las cargas públicas, así como la legitimidad que atribuyan a la actuación de sus Administraciones. Si los ciclos desfavorables evidencian todas las tensiones, es la recuperación el contexto favorable para intentar corregirlas.

Por lo que respecta al derecho al error, la idea es que, ante todo, obedece a un principio de sentido común. En definitiva, la posibilidad de que cada francés se equivoque, en sus declaraciones tributarias, sin arriesgarse a una sanción desde la primera violación. Por tanto, debe poder rectificar, espontáneamente o durante un control, cuando su error se ha llevado a cabo de buena fe. Para ello, se revierte la carga de la prueba, correspondiendo a la Administración demostrar la mala fe del contribuyente. Ahora bien, no resulta aplicable a reincidentes o defraudadores, ni como un derecho a incumplir obligaciones tributarias de forma tardía.

 

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